Tras la intimación judicial, la provincia arma un plan para vacunar a 5.000 presos contra el coronavirus

Las estadísticas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no logran revertirse: la sobrepoblación en las cárceles sigue siendo del 50% y un 10% del total de los presos, son considerados riesgo frente al Covid-19. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, ordenó que el gobernador Axel Kicillof confeccione un informe en carácter de urgente para inocular a las personas privadas de su libertad que integren los grupos de riesgo.

Son 57 cárceles y 7 alcaldías que albergan a más 45.500 presos, con capacidad total sólo para 24.000. La radiografía del SPB fue denunciado en reiteradas ocasiones por la Comisión Provincial por la Memoria que incluso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El hacinamiento y las condiciones precarias de las instalaciones carcelarias son los principales puntos de reclamo. En un escenario de pandemia, estos factores se agravaron. La Comisión Provincial por la Memoria presentó un amparo ante la justicia bonaerense donde señalaron que hay personas privadas de su libertad con factores de riesgo para el Covid-19 “entre ellos que se encuentran, en su mayoría, personas con VIH y TBC, mayores de 65 años, mujeres embarazadas y madres con hijas o hijos dentro de las unidades penales”.

Ante el fuero Contencioso Administrativo de La Plata, refirieron que a la fecha, “no se ha implementado en el ámbito de encierro punitivo bonaerense un mecanismo por el cual las personas privadas de su libertad que reúnan las condiciones previstas por la autoridad sanitaria puedan ser vacunadas en la etapa correspondiente”.

En respuesta a ese amparo es que la Cámara resolvió que el Estado Provincial -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires- “a que en el plazo de cinco (5) días, arbitre con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar un plan programado de acceso a la vacuna contra el Covid-19 a las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos de riesgo frente a dicha enfermedad, en compatibilidad con la evolución en la inoculación en el que se encuentra el programa provincial “Buenos Aires Vacunate”.

Los números oficiales indican que hay 5.000 personas privadas de su libertad en suelo bonaerense que deberían ser vacunados. En función de esa cifra, el Ministerio de Justicia a cargo de Julio Alak trabaja en un protocolo de inoculación junto al Ministerio de Salud. 

La cifra global es de 45.500 detenidos con dependencias carcelarias con capacidad sólo para albergar a 24.000. Todo lo demás se reduce en una palabra: hacinamiento. Las condiciones de salud de muchos de ellos es un factor de preocupación.

El año pasado, se hablaba de 2.468 detenidos de “con patologías de alto riesgo”.

Dentro de este grupo, hay 233 presos que sufren tuberculosis, un total de 476 HIV, Diabetes I y II (809). También, hay 950 internos que tienen las siguientes patologías: enfermedades respiratorias tales como neumonía y EPOC, cáncer y afecciones que requieren diálisis.

Frente a este escenario, el Ministerio de justicia provincial trabaja en un protocolo que, sostienen, va “más allá de la medida judicial “, entendiendo que al contar con el personal penitenciario ya inoculado, se avanzaba en un programa que incluya en esta etapa a los internos

Ante la consulta de Clarín, desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que se está “avanzando en un protocolo para responder judicialmente siempre en el marco de los grupos priorizados que establece el Plan provincial de vacunación y supeditado a la cantidad de dosis que haya disponibles”.

Los jueces Gustavo Scaparotel y la Claudia Milanta, señalaron en un fallo de diez páginas que las personas privadas de su libertad “no accedieron en iguales condiciones al plan de vacunación” y por eso solicita que “con carácter urgente se Implemente un plan de acceso en compatibilidad con la evolución en la inoculación en el que se encuentra el programa provincial de Buenos Aires Vacunate “.

Además, expresaron que las personas que se encuentran privadas de su libertad “pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial que 6/10 11/7/2021 como de concurrir -al serle asignado su turno- a las postas de vacunación instrumentadas por la provincia a los efectos de la inoculación”.

​En ese mismo sentido, recordaron que “el Estado debe ser garante de la Vida y de la integridad física de las Personas Privadas de su libertad “.

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