Carlos Zannini dijo que la Corte Suprema no es competente para resolver la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sostuvo que la Corte Suprema de Justicia no es competente para resolver el reclamo de la Ciudad por la quita de fondos de coparticipación.

“Vengo a plantear la excepción de incompetencia y declinatoria de la competencia de esta Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto el caso de autos no se ajusta a ninguno de los supuestos taxativamente señalados en el art. 117 de la Constitución Nacional, por lo que no corresponde que la presente contienda planteada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tramite en la jurisdicción originaria de este Alto Tribunal”, indicó Zanini, jefe de los abogados del Estado.

Lo hizo a horas de la audiencia convocada por el Máximo tribunal, para escuchar a las partes sobre el reclamo que representa una merma de 65.000 millones de pesos para el año en cursos.

El escrito presentado por Zannini se conoce en medio del enfrentamiento de la Casa Rosada con el gobierno porteño por la suspensión de las clases presenciales durante quince días.

Los plazos juegan en contra de Horacio Rodríguez Larreta. Es que la Corte Suprema no tiene -como otras instancias judiciales- tiempos para pronunciarse. Salvo en el caso de la presencialidad donde la Corte aceptó el caso este lunes y podría fallar esta semana.

El planteo sobre la presencialidad tiene tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, la violación al principio de razonabilidad – ya que consideran que suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.

En ese escenario, se esperaba la audiencia de conciliación de este miércoles a la que convocó la Corte, tras el amparo que presentó el gobierno de la Ciudad el año pasado. Allí, reclamó que esa determinación del presidente Alberto Fernández quede sin efecto.

Se trata de un planteo multimillonario y que afecta a las arcas de la gestión porteña, considerando además, que estamos ante un año electoral. El Procurador del Tesoro se basó en el voto de la ministra de la Corte, Elena Highton de Nolasco, quien se abstuvo de intervenir en la discusión sobre las clases presenciales en la Ciudad, al considerar que la autonomía que la Constitución le da a la Ciudad,  no la equipara al resto de las provincias.

En ese sentido, remarcó Zannini que no le corresponde a la Corte intervenir en esta disputa. Consultados por Clarín, fuentes del gobierno porteño, sostuvieron que el criterio planteado “es ilógico, porque para el tema educativo consideran que sebe resolver la Corte, pero para esta cuestión no”.

Las autoridades del gobierno de la Ciudad, acudirán a la audiencia de mañana. Irán Gabriel Astarloa, Procurador de la Ciudad, Martin mura. Ministro de Hacienda y Marcelo Dalessandro. Secretario de Seguridad Los números oficiales indican que desde el 9 de septiembre que se aplicó lo ordenado por el Jefe de Estado, y hasta el 1 de abril pasado, la Ciudad dejó de percibir en concepto de Coparticipación un total de $ 32.000 millones.

Si el número se desglosa aún más, lo que el jefe de Gobierno porteño dejó de percibir por el mismo concepto son $ 7.000 millones por mes. La gestión porteña asegura, además, que aún vienen recuperándose de las pérdidas financieras del año pasado, “considerando que la pandemia y las restricciones aplicadas, representaron una caída anual del 13% de la recaudación y en abril, mayo, junio del año pasado, fue una caída histórica del 18%”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.

La cifra global es aún mayor: la reducción del porcentaje de la Coparticipación representará una pérdida global de $ 65.000 millones. Horacio Rodríguez Larreta espera que la Corte Suprema revierta ese escenario, que en la Ciudad califican de “apremiante” y sobre el cual, sólo realizan una interpretación política, donde a su entender, “el gobierno nacional busca el ahogo financiero”.

AFG

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