El covid-19 avanza, la pobreza aprieta: ¿Y dónde está el Estado?

La Argentina tiene un Estado presente, y muy presente si se lo mide según la magnitud de los recursos que gasta: representaron alrededor del 42% del PBI el año pasado, unos 151.000 millones de dólares y 19 puntos porcentuales más que en 2003. Pero esa presencialidad que suele valorarse desaparece o se deshilacha no bien se pone la vara en la calidad de los servicios públicos que se prestan, en el funcionamiento y la eficiencia de las administraciones, en las enormes carencias sociales y, como ahora, cuando más falta hace.

Justamente en ese punto de la presencia grande y de la calidad de las gestiones tenemos la mano de quienes, desde la Casa Rosada, han explotado y explotan el imbatible combo de plata y poder; en beneficio propio, de la organización política a la que representan o de ciertos grupos cercanos. Nada que obviamente pueda ser amparado en el voto, ni tampoco en el llamado voto popular que hoy mismo muchos acostumbran agitar.

Algunas derivaciones de ese modo de entender al Estado aparecen en una investigación de los especialistas Gonzalo Diéguez y Demián González Chmielewski publicada por el Cippec, un centro de estudios dedicado sobre todo al análisis de las políticas públicas. Entre ellas sobresale el método arbitrario y discrecional bajo el cual, sin que medien concursos de aptitudes y de experiencias, son designados directores nacionales y generales, o sea, la estratégica Alta Dirección Pública que conecta y articula entre las decisiones de los ministros y de sus superiores y la burocracia que debe aplicarlas.

Dicho sin demasiadas vueltas, se trata de un ámbito donde la política en sus diversos formatos, vericuetos y vaivenes cuenta más o mucho más que la formación específica de quienes son designados para esos cargos también específicos. Y donde, precisamente por ese motivo, manda el sistema del nombramiento transitorio por 180 días seguido, según venga la mano, por prórrogas sucesivas. Esto es, un sistema que permite eludir el requisito legal de la competencia por aptitudes.

Y la importancia de esa tarea clave, que implica monitorear y evaluar la implementación de las decisiones en los estamentos de abajo, crece hasta las alturas cuando se está ante una emergencia sanitaria y escenarios cambiantes que no sólo significan mayores recursos sino contar, también, con un altísimo grado de precisión en las medidas. Hablamos, obviamente, de la crisis del Covid-19.

Emerge fuerte, entonces, la falta de profesionalismo y de experiencias específicas de quienes fueron elegidos a dedo y según los alineamientos políticos. Eso surge claro, según el trabajo de Diéguez-Chmielewski, en datos de una encuesta que en plena pandemia hizo el Cippec entre los funcionarios de la Alta Dirección Pública. Ahí se advierte que aunque se valieron de la arquitectura digital del Estado para la continuidad de sus tareas, el 80% de ellos usó su teléfono personal y el 68% su computadora personal. Pura inexperiencia cuando manda lo contrario.

Lo mismo o bien parecido a lo mismo cantó otra encuesta, ahora de la Oficina Nacional de Empleo Público. Reveló que el 79% de los funcionarios consultados no tenían prácticas previas ni capacitaciones específicas sobre procesos de trabajo remoto bajo esa modalidad de labores no presenciales. Ambos relevamientos fueron realizados entre abril y agosto del año pasado.

Se entienden así, claramente, algunos problemas serios que surgen del modo como el Gobierno gestiona y enfrenta la crisis sanitaria; entre ellos, los asociados a la logística y al sistema de vacunación. Pero nada borra el hecho de que detrás de la falta de vacunas, de la demora en salir al cruce de la pandemia y acertar, de la persistencia de los vacunatorios vip y de otras falencias similares asoma la responsabilidad del poder político.

Un par de datos más, sobre este capítulo de la era Alberto F. Uno cuenta que el 99% de los 508 directores nacionales y generales designados en 2020 son del tipo transitorio, lo cual puede significar que los 180 días iniciales sean renovados sine die o concluir abruptamente, cuando el ministro de quien dependen renuncie o sea despedido. Cosas de las renovaciones permanentes, de 180 días en 180 un director nacional de la época de Julio De Vido mantuvo el puesto durante 8 años.

El dato que sigue dice que el 78% de esos funcionarios que integran la elite de la actual administración carece de experiencia en la tarea que desempeña y no cumple con el requisito legal del concurso previo. Y así tenga otras cualidades, profesionales o personales, las que definitivamente valen son aquellas que les vienen de la política.

Justicia obliga, el truculento método que aplica el actual gobierno no fue inventado por Alberto Fernández: también lo usó el macrismo, el kirchnerismo a fondo de 2003-2015 y se usa hace dos décadas largas. Pero queda claro, ahora, que la pandemia puede ser, como es, un drama y que será peor si faltan capacidad y herramientas y se opera a la intemperie.

Por lo demás, con una estructura así, encima fragmentada por las disputas internas, resulta difícil instrumentar algunas de las reformas que se corresponderían con un Estado presente, como igualar oportunidades, mejorar la distribución del ingreso o frenar la escalada del trabajo informal. Resulta más sencillo, luego, enfrentar cada problema con una regulación, con un subsidio, un plan social o un nuevo impuesto aunque el problema no desaparezca.

Ahí está, urgiendo respuestas, un contrasentido grande como una montaña grande: que junto al Estado que gasta históricos US$ 151.000 millones al año tengamos una pobreza del 42% acercándose al 50% o, al fin, 19 millones de pobres. Estigmatización del INDEC, diría Axel Kicillof que debe vérselas con dos números más graves aún: 51% y 12 millones, respectivamente.

En tren de escaparle a las responsabilidades propias, el Gobierno culpa a la pandemia por el salto que hubo en 2020 y pretende obviar que la pobreza, medida por la metodología del INDEC, es ante todo una relación entre el ingreso de los hogares y el costo de una canasta básica: $ 29.567 contra $ 50.854, en el segundo semestre. Cae de maduro, entonces, que la clave consiste en frenar el proceso inflacionario, o sea, el desestabilizante 4% mensual.

Hay más que eso, en una versión más amplia, estructural, de la pobreza. Como 3,9 millones de personas viviendo en zonas inundables y 2 millones cerca de basurales; 9,5 millones que sólo tienen acceso al sistema de salud pública, el 30% de los hogares sin cloacas y el 32% que debe usar gas en garrafas o en tubos por falta de gas en red.

Sin buscar demasiado, ya tenemos a la vista otra explicación fuerte de la pobreza: se llama empleo informal, precario, inestable o muy mal pago; alcanza a unos 7 millones de trabajadores y siente como pocos los golpes de la pandemia y las cuarentenas y, hace años, los efectos de la recesión continua.

Como se ve, si pensamos en un Estado de verdad presente sobran tareas y escasean, de momento, las políticas bien articuladas, siempre complejas y los hechos concretos. Abundan, eso sí, los eslóganes altisonantes, pretenciosos que no resuelven nada.

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