Mientras lo invita a Olivos por el Covid, el Presidente le reclama a Rodríguez Larreta terrenos por US$ 400 millones

Los puntos de tensión entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires no se detienen a pesar del encuentro que tendrán el sábado en Olivos el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta para evaluar el aumento de casos de coronavirus.

Si en el historial de roces aparece el recorte de la Coparticipación que debe definir la Corte Suprema, ahora se le agrega otro componente: el Gobierno le reclama a la Ciudad una serie de terrenos valuados en US$ 400 millones que le habían entregado al distrito durante la gestión de Mauricio Macri. El reclamo ya está judicializado, pero desde la Ciudad creen que es parte de un “ahogo financiero” que impulsa el oficialismo y esperan recuperar esos inmuebles.

La venta de esos inmuebles que le habían transferido era una política de relevancia para Rodríguez Larreta. Buscaba con esos fondos financiar grandes proyectos de infraestructura en la Ciudad

El circuito era el siguiente: parte de esos terrenos , que se cedieron durante la gestión de Macri presidente, eran para compensar la falta de envío de fondos del Estado nacional a la Ciudad para que termine obras que le correspondían al gobierno central. Mediante una serie de convenios, se habían firmado las cesiones de esos terrenos.

Una vez que se vendían los terrenos, “se concluían las obras o una vez terminadas las mismas con fondos del gobierno porteño, se recuperaba parte de lo invertido”, explicaron fuentes de la gestión de Larreta.

Pero esa cesión fue denunciada por el gobierno de Alberto Fernández. La denuncia se hizo a través de ña Agencia de Bienes del Estado (ABBE) que dirige Miguel Cosentino. En la denuncia aseguran que esos inmuebles fueron otorgados pocas semanas antes que Cambiemos deje la Casa Rosada. Interpusieron una medida cautelar en tres casos puntuales, para impedir que Rodríguez Larreta avanzara en la subasta de los terrenos.

La Justicia falló en contra del jefe de gobierno porteño, y a la fecha son tres las cesiones cauteladas, que no le permiten a la Ciudad “recuperar fondos que ya se invirtieron en las obras, y que fueron cedidos porque la Nación tenía deudas por esos proyectos con el gobierno porteño”, indicaron fuentes allegadas a Larreta.

La metodología de firmar convenios para pagar con bienes del Estado nacional arrancó en 2016. 

En aquel año se firmó un acuerdo entre el Gobierno nacional y el porteño, a través del cual el primero se comprometía a subastar predios en desuso para financiar obras públicas en la Ciudad. Esto contó con una decisión de la Legislatura que autorizó a que en esos terrenos se edifique, así los remates resultaban más tentadores. Pero con una restricción: el 35% de la superficie se podía destinar a inversiones inmobiliarias; pero el 65% tenía que dejarse para apertura de calles y espacios públicos.

La información oficial de la AABE, expone que con este mecanismo se obtuvieron 446,7 millones de dólares en 2017 y 134,7 millones en 2018. Se vendieron terrenos ferroviarios, garajes hasta baldíos y galpones militares. Y también incluyó (aunque no se llegó a subastar aún) un terreno donde estaba emplazada una conocida estación de servicio sobre Juan B. Justo y Honduras, que fue clausurada en marzo de 2018 y que se iba a incorporar al proyecto “Palermo Green”, por el cual se iba a urbanizar el predio del ferrocarril San Martín.

Lo que ocurrió después fue propio de la burocracia administrativa y el remate de terrenos no fue al ritmo de las obras. Muchos debieron cancelarse y sus valores disminuyeron. Entonces, el Gobierno nacional comenzó a generar deuda con la Ciudad que continuaba con los proyectos. Así fue que la ABBE de la gestión macrista cedió finalmente los terrenos a Horacio Rodríguez Larreta para la cancelación de esas deudas.

Pero con el cambio de gestión, esos convenios quedaron bajo la mira de las nuevas autoridades de la ABBE que acudió a la justicia, para impedir que la Ciudad avance en la venta de los inmuebles.

La última disputa judicial entre Alberto Fernández y Larreta, se dio por el convenio marco en materia de transporte ferroviario que data del 17 de octubre de 2007, cuando gobernaba el kirchnerismo. En ese documento, el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron a realizar “sus mayores esfuerzos para garantizar y concretar soluciones eficaces para los inconvenientes que generaba el tránsito de los ferrocarriles (bajo jurisdicción nacional) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La ABBE fue a la justicia y consiguió la cautelar, que ya fue apelada por los asesores letrados de la Ciudad. Este convenio incluye seis inmuebles, cuya tasación asciende a 62.261.972 millones de dólares. Larreta espera ganar esa pulseada, en medio de la crisis económica general, las obras detenidas a raíz de la pandemia y la merma de ingresos por la quita de la coparticipación, todo atravesado por otro dato: un año electoral.

Por fuera de ese convenio, hay otro, conocido como el “Triángulo de Salguero”, se trata de predios en Palermo y Villa Crespo. En junio de 202 la justicia falló en contra del jefe del Gobierno porteño. Son de cerca de 31 predios del Estado nacional que se iban a conceder como método de cancelación de un préstamo de 175 millones de dólares. El mismo fue adquirido con la Corporación Andina de Fomento para el financiamiento de la obra del Paseo del Bajo. Parte del dinero se destinó a la construcción de los viaductos San Martín y Mitre-Tigre.

Por el momento, la Ciudad no podrá proceder sobre ese conjunto de inmuebles. “El problema es que la deuda está, el Gobierno nos quita los terrenos pero no cancela la deuda que mantiene con nosotros por las obras que sí realizamos con fondos propios”, se defendieron desde la administración de Rodríguez Larreta.

Hay otro conjunto de terrenos en Colegiales, judicializados de la misma manera, por un valor -según la tasación que maneja la ABBE- de 144.137.966 dólares.

Así, la disputa que tienen en la justicia el gobierno de la Ciudad y la Casa Rosada, asciende a casi 400 millones de dólares, con una marcada caída de la recaudación durante el 2020 a raíz de la pandemia por el coronavirus y la reducción de fondos tras la quita de la coparticipación que se calculan en unos 30 mil millones de pesos anuales. 

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